Un juez federal rechazó el intento del gobierno de Estados Unidos de desestimar una demanda que alega que Elon Musk ejerció ilegalmente el poder ejecutivo mientras dirigía la agencia DOGE. El caso ahora continuará, abriendo potencialmente la puerta a revertir las acciones tomadas bajo el liderazgo de Musk.
El núcleo del desafío legal
La demanda, presentada por organizaciones sin fines de lucro y a la que luego se unieron 14 fiscales generales estatales, sostiene que Musk actuó más allá de su autoridad al recortar subvenciones federales, despedir empleados y cerrar agencias a pesar de no contar con la confirmación del Senado para ningún puesto oficial. Esto se centra en la “Cláusula de Nombramientos” de la Constitución, que dicta cómo se deben nombrar los principales funcionarios del poder ejecutivo.
Los demandantes sostienen que Musk funcionó como funcionario de facto del gabinete sin pasar por el proceso constitucional adecuado. La jueza Tanya Chutkan estuvo de acuerdo en que el papel de Musk era mucho más que el de un simple asesor.
“El jefe de DOGE… toma decisiones y emite directivas sobre asuntos tan importantes como la terminación de subvenciones, contratos y trabajadores federales”.
Las propias palabras de Musk como evidencia
La demanda aprovecha las propias publicaciones de Musk en las redes sociales X (anteriormente Twitter) como prueba clave. Declaraciones como “USAID es una organización criminal. Es hora de que muera” y cuestionar la existencia del Departamento de Educación se citan para demostrar que Musk estaba tomando decisiones unilateralmente con consecuencias significativas.
Los propios funcionarios de DOGE se jactaron públicamente de rescindir contratos y cerrar agencias, lo que respalda aún más la afirmación de que Musk actuó ilegalmente.
¿Qué está en juego?
Si los demandantes prevalecen, el tribunal podría invalidar las políticas promulgadas bajo la dirección de Musk, lo que podría restaurar la financiación de los programas que recortó y revertir el cierre de agencias. Esto tendría implicaciones de largo alcance, ya que podría sentar un precedente sobre cómo los funcionarios no electos ejercen el poder dentro del gobierno federal.
El despido fallido del Gobierno
El gobierno argumentó que el caso debería ser desestimado porque, de todos modos, el puesto de Musk fue creado ilegalmente. El juez Chutkan rechazó este razonamiento y afirmó que el argumento implica que cualquier persona que desempeñe un papel establecido ilegalmente y con un poder inmenso está exento de los requisitos constitucionales.
Si bien el juez desestimó dos demandas adicionales relacionadas con procedimientos administrativos y violaciones de la separación de poderes, el desafío central a la autoridad de Musk sigue activo.
Un panorama político cambiante
Elon Musk renunció a DOGE en mayo de 2025, seguido de una disputa pública con el presidente Trump, pero, según los informes, los dos se reconciliaron. A pesar de esto, la demanda continúa, subrayando el escrutinio legal que enfrentaron las acciones de Musk durante su estancia en la agencia.
El caso ahora avanza, con el potencial de remodelar la forma en que se dirigen las agencias federales y cuánto poder pueden ejercer los funcionarios no electos.
