La Unión Europea enfrenta una contradicción fundamental en su impulso a la minería nacional de tierras raras. Si bien Bruselas financia agresivamente proyectos considerados críticos para su transición verde y su política industrial, las estrictas leyes ambientales y de derechos indígenas representan obstáculos inamovibles para un rápido desarrollo. Esto queda vívidamente ilustrado por la mina Per Geijer de LKAB en el norte de Suecia, un proyecto emblemático que ahora se encuentra enredado en obstáculos legales a pesar de disfrutar del estatus de “proyecto estratégico” según la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA) de la UE.
El impulso estratégico para la autonomía
La UE pretende reducir la dependencia de China de materiales de tierras raras esenciales para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y defensa. Para lograr esto, la CRMA exige que al menos el 10% de las materias primas estratégicas se extraigan dentro del bloque para 2030, y el 40% se procese a nivel nacional. Se han destinado aproximadamente tres mil millones de euros de financiación de la UE a iniciativas de minería, procesamiento y reciclaje en regiones como el norte de Suecia, dando prioridad a proyectos como Per Geijer.
La designación de “proyecto estratégico” reduce el riesgo de inversión, otorga acceso a financiación respaldada por la UE y acelera la obtención de permisos a nivel nacional. Sin embargo, este impulso político y financiero choca directamente con estrictos requisitos legales.
Regulaciones ambientales inquebrantables
LKAB debe obtener un permiso ambiental completo según el Código Ambiental de Suecia, uno de los más estrictos de la UE. Esto requiere evaluaciones exhaustivas del impacto sobre el agua, la biodiversidad, la contaminación, el ruido y el clima, todo ello sujeto a la revisión del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente. Estos procesos pueden provocar retrasos de años y apelaciones legales, incluso para proyectos que Bruselas considera esenciales. La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves de la UE protegen a las especies en peligro de extinción y a los sitios Natura 2000, sin ofrecer excepciones por conveniencia industrial.
Los derechos indígenas como restricción legal
El depósito de Per Geijer se superpone con tierras tradicionales samis de pastoreo de renos, lo que genera obligaciones según la ley sueca, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las leyes de la UE para proteger los derechos de las minorías. Salvaguardar estándares como el consentimiento libre e informado resulta casi imposible bajo la presión de acelerar la minería financiada por la UE. Esto crea una tensión legal que socava el llamado de la CRMA para permitir la aceleración.
La “paradoja del Pacto Verde”
Kiruna ahora ejemplifica lo que los investigadores llaman la “paradoja del Pacto Verde” de la UE: la ambición industrial impulsada por el clima choca con fuertes protecciones legales para la tierra, la biodiversidad y la cultura indígena. Al mismo tiempo, la UE financia proyectos que sus propias leyes pueden detener indefinidamente.
Un choque estructural
Las instituciones de la UE reconocen la urgencia de la minería nacional de tierras raras, y se espera que la demanda aumente más del 500% para 2030. Sin embargo, el marco legal de la UE prioriza la precaución, la protección ambiental y la gobernanza basada en los derechos, lo que brinda a quienes se oponen a las nuevas minas una fuerte influencia legal.
El resultado del proyecto Per Geijer demostrará si la UE puede conciliar su impulso de autonomía estratégica impulsado por la financiación con sus propios estándares legales. En este momento, Kiruna expone un problema crítico: la UE está acelerando proyectos mineros que sus propias leyes están diseñadas para frenar.
